El reconocimiento de los derechos lingüísticos como derechos subjetivos ha sido foco de, no pocos, debates en cuanto su clasificación como derechos fundamentales, en contraposición de la idea de que sea más efectivo que su reconocimiento sea a través de la perspectiva o contenido lingüístico de otros derechos humanos y fundamentales. De todas maneras, sí es cierto que el reconocimiento de esos derechos ha sido arrinconado de los tratados internacionales de una manera casi sistemática.
Hace 23 años dentro del Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos del PEN Internacional surgió la propuesta de escribir por primera vez una Declaración que recogiera esos derechos lingüísticos. A principios de 1994 se creó un comité organizador y ya en septiembre de este mismo año empezó el proceso de reflexión sobre la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos cuando las entidades promotoras de la preparación de una Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos encargaron la redacción de la misma un equipo de expertos procedentes de diferentes disciplinas y campos de actuación. Como culminación de aquel proceso, esa Declaración fue presentada hace ahora veinte años con el apoyo de 61 ONG, 41 Centros PEN y 40 expertos en derecho lingüístico de todo el mundo.
En cuanto a los contenidos, una de las aportaciones más importantes al derecho lingüístico como disciplina radica en hecho que la Declaración considera inseparables y interdependientes las dimensiones colectiva e individual de los derechos lingüísticos, ya que la lengua se constituye colectivamente en el seno de una comunidad y es también en el seno de esta comunidad que las personas usan la lengua individualmente. De esta manera, el ejercicio de los derechos lingüísticos individuales sólo puede ser efectivo si se respetan los derechos colectivos de todas las comunidades y todos los grupos lingüísticos.
Si bien el objetivo final de la Declaración era que se convirtiera en un anexo preceptivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, no cumplió su objetivo final. Las impresiones recogidas por el Comité de Seguimiento de la Declaración en una larga serie de contactos con numerosos representantes estatales ante la UNESCO confirmaron que una declaración de este tipo –que afirmaba la igualdad entre todas las lenguas sin excepción y el carácter a la vez individual y colectivo de los derechos lingüísticos– inquietaba a los poderes estatales que al fin y al cabo debían asumir su tramitación y su proclamación oficial.
De todas maneras, la Declaración ha seguido siendo referente en diferentes documentos sobre la diversidad lingüística, como por ejemplo el Informe sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea. Además, los agentes sociales que trabajan por la normalización de las lenguas minorizadas han seguido reivindicando la validez de dicho documento como tratado que ayudaría a la gestión de la diversidad lingüística de una manera democrática.
Después de veinte años de la aprobación de dicho documento y dentro de la Capitalidad de la Cultura Europea que tiene Donostia-San Sebastián este año, Kontseilua decidió poner en marcha un proyecto junto con la Fundación Donostia-San Sebastián 2016 que diera el siguiente paso, un paso más práctico, en el reconocimiento y garantía de los derechos lingüísticos.
Siendo Kontseilua un agente que aglutina a 40 entidades y asociaciones que trabajan a favor de la lengua vasca, creíamos que si Donostia debía dejar algún legado concerniente a la diversidad real que existen en Europa, debería ser desde la perspectiva de los agentes sociales, que independientemente de partidos e ideologías ha trabajado con ahínco para conseguir nuevos hablantes, espacios de uso, herramientas y reivindicación. De esa manera, surgió la idea de dar el paso de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos como documento base al Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, como herramienta que recoja las medidas en aras de garantizar esos derechos.
Si bien, la base del proyecto y el sujeto activo son los agentes sociales que trabajan a lo largo de Europa por la recuperación de las lenguas minorizadas, creíamos que este Protocolo debería tener también algún tipo de blindaje y aval académico.
Así, se creó el Comité Organizador que guía todo este proceso y que está compuesto por seis entidades de prestigio internacional, CIEMEN, LINGUAPAX, UNPO, ELEN, PEN INTERNATIONAL y ECMI. Además, en diciembre presentamos el Comité Científico compuesto por personalidades de diferentes ámbitos que ayudarán a la redacción del Protocolo Dicho Comité está compuesto, entre otros, por Elin Jones, Miquel Strubell, Jaume Vernet, Conchúr Ó Giollagáin, Ewa Chylinski.
Por tanto, nos encontramos ante un proyecto que consistirá en la apertura de un proceso entre agentes sociales, organizaciones y expertos para la elaboración de un protocolo destinado a garantizar la igualdad entre las diferentes lenguas. El Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos será fruto de un proceso de acuerdo desarrollado los años previos por diferentes grupos de trabajo, combinando los enfoques científico, académico y social, de cara a construir una herramienta que permita revertir la situación de las lenguas minorizadas y construir una Europa basada en la igualdad entre las comunidades lingüísticas, de manera que este protocolo será trasladado a foros e instancias internacionales para que instituciones de diferente carácter lo utilicen como instrumento regulador de su compromiso con la diversidad lingüística.
Aprovecho la oportunidad que me da el blog de la Revista de Llengua i Dret para animar a sus lectores a realizar sus aportaciones y contribuciones en la preparación de este Protocolo a través de la plataforma que hemos habilitado, así como para adelantar que volveré a utilizar esta ventana para presentar las conclusiones y líneas maestras del documento que presentaremos el 17 de diciembre en Donostia.
Paul Bilbao Sarria
Secretario general de Kontseilua, el Consejo de los Organismos Sociales del Euskara