Lo primero es lo primero. Es primordial una nueva Ley del euskara – Garbiñe Petriati Ijurra

El euskara históricamente ha sido una realidad incómoda para las autoridades navarras y eso ha tenido reflejo directo en el corpus jurídico de la lengua y en las políticas desarrolladas por los diferentes gobiernos. El euskara, lengua propia de Nafarroa, ha sufrido durante largos años de políticas institucionales reacias, discriminatorias y obstruccionistas para con la normalización.

El Amejoramiento del Fuero de 1982, a diferencia de los restantes Estatutos de Autonomía que establecen lenguas cooficiales, introduce en su art. 9 un criterio territorial en cuanto a la oficialidad del vascuence. Criterio que no se da en otras comunidades donde la declaración de oficialidad de las lenguas propias afecta a todo el territorio.

Es la Ley Foral del Vascuence 18/1986, (Ley Foral del Euskara en adelante) que vino a desarrollar el art. 9 del Amejoramiento, la que realiza esas divisiones territoriales (zona vascófona, mixta y no vascófona) y en consecuencia las personas vascohablantes de Nafarroa tienen reconocidos los derechos lingüísticos según el lugar donde residen o desarrollan su actividad.

Tras las elecciones del 24 de mayo de 2015 se produjo en Nafarroa un cambio de gobierno, el llamado Gobierno del cambio, apuntalado por los partidos Geroa Bai, Ahal Dugu/Podemos, EHBildu e Izquierda-Ezkerra.

En las conversaciones mantenidas con el objeto de establecer acuerdos programáticos, las cuatro fuerzas políticas mostraron y muestran importantes desavenencias en cuanto al cambio de la Ley del Vascuence 18/1986 y la posible modificación permanece en el saco de los temas pendientes de consenso a desarrollar durante la legislatura para asombro y desilusión de los organismos sociales del euskara.

El Gobierno que nació con el compromiso de profundizar en la justicia social no ha materializado el ansiado cambio por la comunidad vascoparlante en el corpus jurídico y el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los y las euskaldunes (vascoparlantes), que tanta discriminación y exclusión ha provocado durante décadas.

A falta de poner fin a la zonificación lingüística, de reconocimiento de la oficialidad en todo el territorio y equiparar así los derechos lingüísticos de la comunidad vascoparlante, el Gobierno ha acordado que la propia institución debe ser el principal impulsor de una política lingüística proactiva y positiva, garantizando que la ciudadanía que lo desee pueda comunicarse en euskara con la administración.

Y en esa dirección se han dado pasos objetivos y se han producido avances en diferentes ámbitos que conforman la acción de la política lingüística. Entre ellos cabe apuntar:
– La aprobación del Plan Estratégico del Euskara (2016-2019), el primero de estas características y que puede ser una herramienta importante para hacer frente a las políticas destructivas para con el euskara.
– Atender la demanda de matriculación del modelo en euskara en la zona denominada no vascófona. (aunque no en las mismas condiciones que en la lengua castellana, pues se exige un ratio de 8 alumnos para poner en marcha grupos del modelo de enseñanza en euskara).
– En el mundo de los medios de comunicación, el nuevo Gobierno ha permitido e impulsado la captación de la señal de EITB en toda Nafarroa, una petición largamente demandada por la población. Hay que recordar que en Nafarroa no existe una televisión autonómica con la dotación de las grandes cadenas públicas de su entorno, y que en la programación local el euskara siempre ha tenido un papel residual y simbólico.
– Se ha recuperado la financiación destinada a los medios de comunicación en euskara que operan en la comunidad y que el gobierno de UPN anuló en 2012, lo que provocó el cierre de varias cabeceras y emisoras. Las ayudas en 2016 fueron de 250.000€ y de 500.000€ en 2017.
– Así mismo, se ha restablecido la financiación destinada a los centros de euskaldunización y alfabetización de adultos.
– Elaboración (pendiente de aprobación) del nuevo Decreto que regula el uso del euskara en las Administraciones Públicas. Que, aunque como elemento positivo contempla fomentar medidas para la atención en euskara a la ciudadanía en los servicios centrales o la obligatoriedad de elaboración de planes en la denominada zona mixta y no-vascófona, ha sufrido cualitativas restricciones a medida que avanzaba su redacción. Cabe mencionar que este Decreto nace limitado, ya que depende de la Ley actual del Euskara, que no reconoce la oficialidad del euskara en todo el territorio navarro.
– Acuerdo de colaboración entre las diferentes administraciones del país del euskara (Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral de Navarra y Nueva-Aquitania) mediante un convenio que, aunque sin dotación presupuestaria, contempla acciones concretas en el tema de la promoción lingüística.
– Presencia del euskara en actos públicos, comunicaciones, actos protocolarios, en la imagen corporativa de las instituciones forales y señalización viaria.
– Elementos de cambio y avances todos estos que valoramos de forma positiva, pero que en estos tiempos en los que se habla de convivencia, cohesión y justicia apreciamos insuficientes, pues la política lingüística en vigor no trata por igual a toda la ciudadanía navarra: actualmente los derechos de las personas vascoparlantes no están igualmente reconocidos y garantizados y la propia legislación vigente divide el territorio en tres, reconociendo diferentes derechos en función del lugar de residencia.

Así todas las políticas lingüísticas que se apliquen siempre tendrán como traba la restrictiva Ley Foral del Euskara, pues es la que provoca una división administrativa que es el mayor obstáculo que existe para fomentar el euskara en todo el territorio.

Es primordial redactar una nueva Ley del Euskara. Lo primero es lo primero: la ley debe reconocer los mismos derechos a toda la ciudadanía. En efecto, primero se deben reconocer los derechos para después poder garantizarlos.

El universo del euskara tiene un tejido social muy importante que ha generado infinidad de acciones, actividades y proyectos para normalizar nuestra lengua. El Gobierno del cambio debe serlo también en el ámbito del euskara. Tiene en sus manos la posibilidad de acelerar el progreso de la lengua. Es su responsabilidad.

Tiene el apoyo del movimiento social que trabaja por la normalización y el de la ciudadanía. Hablamos de derechos lingüísticos, hablamos de derechos humanos.

Garbiñe Petriati Ijurra
Hizkuntz Eskubideen Behatokia
(Observatorio de Derechos Lingüísticos)

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