Las iniciativas en política lingüística en Euskal Herria – Beñat Garaio Mendizabal

Recientemente analicé el convulso anterior mandato de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca (Garaio, 2018). Este periodo duró aproximadamente 5 años muy intensos y logró paralizar muchas de las iniciativas llevadas a cabo desde el ámbito institucional local y regional para dar pasos en la revitalización del euskera y avanzar en el moderado uso social del idioma. En estas líneas nos proponemos apuntar algunos datos sobre la situación del euskera y sobre la actividad y las iniciativas político-jurídicas en materia lingüística que permitan superar el mencionado bloqueo. El ámbito de nuestra reflexión no solo refiere a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), sino a todos los territorios de Euskal Herria.

Breves datos sobre la situación actual del euskera
Alrededor de 3 millones de personas habitan Euskal Herria, de los cuales 714.000 son bilingües en euskera y castellano/francés. Si lo comparamos con la situación de hace un siglo, los porcentajes de hablantes actuales son más modestos, y las cifras, por el contrario, más altas. Esto explica el gran cambio social y cultural que ha vivido la sociedad vasca.

Imagen 1: Porcentaje de hablantes del euskera distribuidos por regiones (amarillo=bilingües, verde=bilingües pasivos y azul=monolingües castellano/francés).

Aunque el conocimiento y el uso del idioma en ciertas zonas de Iparralde (País Vasco, en el Estado francés) y Nafarroa/Navarra son mejores que en buena parte de la CAV, la normalización del euskera es más acelerada en esta última, donde las políticas institucionales van de acuerdo con los movimientos sociales a favor del idioma.

En este contexto, el uso global del idioma, sin embargo, no se incrementa al ritmo de su conocimiento, situándose en un 13,3%, ligeramente superior comparado con el 10.8% registrado en los datos de 1989 (Soziolinguistika Klusterra, 2012: 2).

Breve repaso de lo ocurrido en la Comunidad Autónoma Vasca
En la época 2012-2017, hemos podido observar cómo el delegado del Gobierno en la CAV, el mediático Carlos Urquijo, presentó numerosas alegaciones (67 recursos y 62 requerimientos) a las iniciativas que, para decirlo de alguna manera, implicaban un uso exclusivo del euskera.

La carencia de voluntad política para sacar al euskera de este conflicto jurídico refuerza la situación de inseguridad jurídica de la lengua propia de la comunidad. El avance respecto de esta situación depende de la actividad del Parlamento Vasco y del gobierno de turno, que siguen sin modificar la perspectiva restrictiva ajustada al momento en el que se desarrolló la legislación sobre el euskera. La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, no consiguió asentar las bases jurídicas de un uso prioritario del euskera en el ámbito institucional y, además, el pronunciamiento de la STC 82/1986 declara que no hay obligación de saber euskera e invalida las iniciativas de las instituciones donde se promueve el uso exclusivo o prioritario del euskera con los ciudadanos.. Nos encontramos, y esto es recurrente en el caso de la CAV, ante una situación donde el Gobierno Vasco no consigue legislar con efectividad, teniendo en cuenta el marco legal estatal. Y lo que es más preocupante, deja que la actividad judicial española siente jurisprudencia en contra de la normalización del euskera, al adoptar una actitud pasiva para reconducir esta situación jurídica anómala.
Sin embargo, y aparte de lo ocurrido con la Delegación del Gobierno, ha habido otros sucesos que han marcado la actividad judicial y legislativa, y lo han hecho de manera positiva para los intereses del euskera. Por un lado, tenemos la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, dónde por primera vez se han podido incluir artículos referidos al lugar prioritario, por ser idioma propio de la CAV, del euskera en los ayuntamientos y en las mancomunidades. Esta Ley también fija funciones de política lingüística en los ayuntamientos y sirve para cubrir vacíos provenientes de la Ley del euskera. De todos modos para una lectura completa y detallada de esta ley, véanse las crónicas legislativas del experto Urrutia en esta misma revista. Y por otro lado, y tras meses de incertidumbres, el Gobierno Vasco admite la inclusión de la evaluación del impacto lingüístico (ELE) en todas las ordenaciones y modificaciones urbanas en la Comunidad Autónoma Vasca. Según esta medida, y por poner un ejemplo sencillo, si un promotor pretende construir una urbanización en un pueblo vascoparlante, se lleva a cabo una medición del impacto que podría tener esa construcción en el uso del euskera, y si se estima que podría ser perjudicial se desestima el proyecto. Se procedería de la misma manera en el caso de una autopista, una fábrica, un centro comercial, etc., siguiendo la estela de la práctica que se sigue en Gales.

Brevemente, y para no extendernos demasiado, el enclave de Trebiñu, situado dentro de la CAV pero perteneciente administrativamente a la comunidad de Castilla-León, sigue sin ver ningún avance en materia de política lingüística, al menos por parte de la Junta y a pesar de las iniciativas de actores locales.

Comunidad Foral de Navarra: el ‘Gobierno del Cambio’ avanza con pies de plomo

En las elecciones autonómicas del 2015, y después de años de gobierno de la UPN, Uxue Barkos (Geroa Bai), consigue acceder a gobernar la Comunidad Foral de Navarra, otro territorio vascoparlante pero de carácter conflictivo identitario-lingüístico. “El gobierno del cambio”, como se hace llamar, se sustenta en varios pilares: su oposición a las políticas del UPN, su vasquismo y una ideología de centro-izquierda, grosso modo. El cuatripartito, es decir, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y Ezkerra-Izquierda, firma un acuerdo de bases que fija el rumbo de la legislatura. Sin embargo, la presión ejercida por el aparato mediático de la oposición, fundamentalmente UPN, PSOE y PP, la fragilidad del “gobierno del cambio” -con la vista puesta en las elecciones del 2019 que se presentan complicadas-, y la disparidad de las visiones de los partidos que forman esta coalición han hecho que esta legislatura esté siendo de perfil bajo y de una progresión limitada en la normalización del idioma.

En este contexto, el Gobierno de Navarra ha tratado de actualizar el amejoramiento foral y la Ley del Vascuence. Cómo bien saben, la Comunidad Foral está dividida en tres zonas lingüísticas: la vascoparlante en el norte; la mixta en el centro, incluyendo a la capital Pamplona-Iruña; y la no vascoparlante en el sur. Esta diferenciación legislativa en cuanto a la lengua ha tenido consecuencias: revitalización en la zona norte, mantenimiento en la mixta y espacio residual en la zona castellanoparlante. Esta Ley, a su vez, ha creado vascoparlantes de primera, segunda y tercera división, como algunas figuras han criticado.
A medida que la legislatura ha ido avanzando, simpatizantes de ambos lados han organizado varias manifestaciones exigiendo al Gobierno, en algunos casos una ley del euskera más ambiciosa, o en otros una ley que parara la imposición del euskera. De todos modos, ha habido ciertos avances en la situación del euskera, ya que las encuestas sociolingüísticas, la Medición del Uso Social del Euskera entre ellas, presentan datos esperanzadores para Navarra. Además, mientras este Gobierno intenta modificar la Ley del Vascuence, algunos ayuntamientos han visto un resquicio en la legalidad para cambiarse de zona: por un lado, 44 pueblos de la zona castellanoparlante pasan a la zona mixta, ampliando los derechos lingüísticos de sus habitantes y empezando a enseñar el euskera en los colegios de sus municipios; por otro, un municipio de la zona mixta ha pasado a la zona vascoparlante.

El País Vasco Norte: esperando a la Comunidad de Aglomeración del País Vasco
Después de años de reivindicaciones en una situación política calmada y el apoyo clave de diputados no-vasquistas (especialmente los socialistas), el gobierno francés aceptó en 2017 la creación de una mancomunidad para representar al País Vasco Norte. Por primera vez, el País Vasco Norte tiene una institución, aunque con escasa capacidad legislativa, para poder implementar políticas propias al otro lado del Bidasoa. Una de las consecuencias más importantes de esa Comunidad es el establecimiento de una política lingüística y educativa que pudiese frenar el retroceso del euskera en la parte francesa, ya que la no-oficialidad del idioma y la creciente y muy importante población no-vasca en Ipar Euskal Herria ha cambiado dramáticamente en escasas décadas la vitalidad etnolingüística.
Sin embargo, los primeros pasos de la Comunidad no fueron muy esperanzadores, ya que, por ejemplo, la comisión inaugural de la Comunidad transcurrió exclusivamente en francés, y aquellos políticos que quisieron participar en euskera fueron abucheados por el resto.

Mientras tanto, y siguiendo los pasos de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, el País Vasco Norte sigue explorando vías legales para poder avanzar en política lingüística. Según esta estrategia, y salvando la pétrea y monolingüe legislación francesa, los gobiernos locales y regionales, juntamente con el movimiento social a favor del euskera, efectúan pruebas piloto y aprovechan vacíos legales para poder llevar a cabo iniciativas para revertir el monolingüismo impuesto por el Estado. Por ejemplo, y tras las últimas elecciones municipales, el Ayuntamiento de Uztaritze declaró en el 2014 el euskera idioma oficial del pueblo, iniciativa que fue tildada de atentar contra el texto de la Constitución de la República. Obviamente, esta decisión fue invalidada por un Tribunal, pero el Ayuntamiento siguió promoviendo el euskera. Sin embargo, con el paso de los meses, el gobierno local se ha fracturado y los concejales más activos en normalización lingüística han sido apartados.

De todas formas, posiblemente el tema más importante del País Vasco Norte es el de Seaska, la federación de ikastolas del País Vasco Norte. Estas ikastolas, surgidas desde la iniciativa popular y trabajando en condiciones alegales y precarias, han visto aumentada la demanda de matriculaciones notablemente, debido en parte a tres razones: la calidad de la metodología pedagógica de Seaska, el anhelo del País Vasco Norte de promover el bilingüismo y la imposibilidad de obtener un nivel de euskera suficiente en el sistema público. Como hemos mencionado, el alumnado de Seaska está creciendo de una manera notoria, pero sus ingresos no le permiten responder a esa demanda. Normalmente, el Ministerio de Educación financia parte del profesorado de las escuelas privadas, sobre todo si esas escuelas cumplen objetivos de interés general. Sin embargo, actualmente el Ministerio se niega a cubrir el sueldo de 20 profesores extra que actualmente necesita para poder satisfacer a toda matriculación demandada.

Conclusiones: ¿están pinchadas las tres ruedas del triciclo?
Si observamos los datos sociolingüísticos en su conjunto, veremos que los procesos de retroceso de la vitalidad del euskera están siendo neutralizados. Además, observamos también que lentamente el euskera sigue revitalizándose constantemente, sobre todo en cuanto a los datos de conocimiento del idioma se refiere.

A pesar de ello, observando las encuestas sociolingüísticas y varios indicadores cualitativos, como podría ser el enfriamiento de la tradicionalmente activa militancia, existe cierta preocupación por la falta de un proceso más activo y sostenible que pueda permitir avanzar más en menos tiempo.

Las razones para explicar esta dinámica son muchas y entre ellas mencionaríamos el cambio de escenario político en Euskal Herria, la participación de las tres regiones que forman Euskal Herria en el nuevo mercado global y el cambio en el perfil sociolingüístico de los hablantes del euskera.

Además no podemos olvidar la influencia que ha tenido la actividad judicial y legislativa en el idioma, ya que las tres regiones, con sus características y escenarios diferentes, no han tenido la posibilidad de llevar a cabo una política lingüística que sirviera para revitalizar el idioma desde la iniciativa parlamentaria e institucional.

Sin querer adelantarnos a los acontecimientos, prevemos que los siguientes años serán fundamentales, ya que nos estamos acercando a un periodo electoral muy activo y que podría cambiar el mapa político de Euskal Herria. Incluso aunque el mapa político no cambie, se pueden entrever visos de un cambio en la división social que generaba el euskera impulsado por el electoralismo. En este escenario, será clave impulsar la actividad institucional y legislativa, sustituyendo nuestras frágiles leyes en la CAV y en Nafarroa y la inexistente legislación en el País Vasco Norte, por leyes que puedan servir de escudo y acicate para poder revitalizar la lengua de una manera más eficiente y dinámica.

Por tanto, los siguientes años serán también fundamentales tanto en el plano institucional como en el social. Tras unos años de reflexión y retraimiento, la euskalgintza, es decir, el movimiento social a favor del euskera, está percibiendo cómo sus reivindicaciones y su músculo social vuelven a crecer: un ejemplo evidente de ello es la organización del Euskaraldia, “un ejercicio social” que se celebró del 23 de noviembre al 3 de diciembre del 2018 y en el que se plasmó la voluntad de cambiar de raíz las costumbres lingüísticas en Euskal Herria.

Viendo la distancia lingüística entre el euskera y el castellano/francés, y la escasa costumbre para mantener conversaciones en dos idiomas, Euskaraldia fijó como objetivo, mediante las chapas de “Ahobizi” (el que mantiene la lengua) y “Belarriprest” (el que entiende la lengua), impulsar el uso del euskera en grupos heterogéneos, lingüísticamente hablando. A pesar de que los datos de uso del euskera serán publicados antes del verano, la sensación es que está teniendo un efecto muy positivo, tanto en el uso del idioma (se inscribieron 225.000 personas aproximadamente), como en la creación de nuevas sinergias para la revitalización de la lengua. Además, y esto es novedoso en el ámbito vasco, Euskaraldia fue una iniciativa impulsada por Topagunea (Federación de Asociaciones a favor del Euskera), en estrecha colaboración con las instituciones políticas de Euskal Herria. Veremos si se da continuidad a este nuevo modelo de colaboración y si tiene consecuencias también en el ámbito judicial.

Beñat Garaio Mendizabal
Miembro del grupo de investigación ELEBILAB (EHU/UPV)

Referencias
Garaio, B. (2018). “«La croada judicial d’Urquijote contra l’èuscar» : «enemic» d’una sola cara?”, Treballs de Sociolingüística Catalana, núm. 28, p. 11-31.

Soziolinguistika Klusterra (2012). Hizkuntzen kale-erabileraren VI. Neurketa. Andoain: Soziolinguistika Klusterra.

Urrutia, I. (2015). «Euskarazko udal jarduerek ba al dute lege babes eraginkorrik? Normalizazio eredu berri baten bila». BAT Soziolinguistika Aldizkaria, núm. 95. zenbakia, p. 31-70.

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