El verano-otoño se ha caracterizado por el enésimo conflicto en torno al desarrollo de un proyecto de inmersión en euskara en la escuela pública de Hiriburu (Lapurdi). La polémica resume la incómoda situación en la que se encuentra el Estado frente a la inmersión lingüística. Si desde los despachos parisinos del Ministerio de Educación Nacional imperan decisiones que revelan una hostilidad de principio par con la inmersión, les servicios desconcentrados del Ministerio se enfrentan a una realidad social que exige avances en el bilingüismo y en la inmersión, lo cual conlleva una búsqueda de concesiones territoriales.
El conflicto tiene sus raíces en la decisión del servicio desconcentrado del Ministerio de la Educación Nacional anunciada el 2 de julio pasado en la Asamblea general de la Oficina Pública de la Lengua Vasca[1], en la cual se oponía a la apertura de una clase 100% en euskara dentro de la sección de educación infantil (3-6 años) de la escuela pública Basté-Quiéta de Hiriburu (Lapurdi), en aplicación del principio de experimentación. Dicha decisión fue confirmada por correo el 10 de julio al ayuntamiento de la localidad vasca.
El rechazo del proyecto ha originado una protesta vigorosa en el territorio, porque ha venido acompañado por una posición de principio por parte del Ministerio de la Educación Nacional oponiéndose a la apertura de nuevas clases experimentales que apliquen la inmersión lingüística.
En 2011 los servicios desconcentrados del Ministerio de la Educación Nacional acordaron un protocolo con la Oficina Pública de la Lengua Vasca en vistas a autorizar la experimentación de la inmersión lingüística en euskara dentro de las escuelas públicas y privadas bilingües del territorio
Dicho procedimiento experimental de la inmersión lingüística es fruto de una estrategia concertada a nivel de la Oficina Pública de la Lengua Vasca que en 2008 adoptó por unanimidad una programación plurianual de la enseñanza en euskara en el País Vasco norte en el cual se acordaba desarrollar la estructuración cualitativa de la enseñanza en euskara en el territorio. En aplicación de esta programación plurianual, en 2011 los servicios desconcentrados del Ministerio de la Educación Nacional acordaron un protocolo con la oficina de la lengua en vistas a autorizar la experimentación de la inmersión lingüística en euskara dentro de las escuelas públicas y privadas bilingües del territorio. Fruto de ese protocolo, 19 centros educativos públicos y otros 19 centros educativos privados bilingües aplican la inmersión lingüística en la educación a modo experimental.
La adopción de este protocolo y su desarrollo en el País Vasco norte refleja la difícil conciliación que debe realizar el Estado cuando se enfrenta a la demanda de bilingüismo en territorios como el vasco. En materia de inmersión lingüística, las posiciones de principio se enfrentan en una lucha ideológica que tiñe sus batallas de controversias jurídicas.
La adopción del protocolo de 2011 fue una primera respuesta de los servicios territoriales bordeleses del Ministerio para responder a la demanda de inmersión lingüística en el territorio vasco. En efecto, el País Vasco norte se caracteriza por una dinámica importante a favor del bilingüismo de su sistema educativo. Las ikastolas, que son cetros educativos asociativos y laicos creados en la década de los 1960 para fomentar la enseñanza del euskera en inmersión completa, escolarizan hoy en día aproximadamente el 10% de los alumnos del primer grado (7-11 años). Sumando los alumnos que siguen una enseñanza bilingüe a paridad horaria, la proporción de alumnos que siguen una de las dos formas de bilingüismo euskara/francés asciende al 41%.
Frente a una demanda de tal magnitud, los servicios territoriales del Ministerio de la Educación Nacional han abierto progresivamente espacios al euskara dentro de la enseñanza. Tras una tradición bicentenaria de exclusión completa del euskara de la escuela, el Ministerio respondió a la creación de las ikastolas y al éxito que encontraban, organizando un modelo de enseñanza bilingüe a paridad horaria en la escuela pública en 1983, comprometiéndose a su desarrollo territorial y cuantitativo en todo el territorio vasco dentro de la Oficina Pública de la Lengua Vasca en la década de los 2000, y abriéndose a autorizar la experimentación de la inmersión lingüística en la educación infantil a partir de 2011 y firmando convenios para desarrollar la red de ikastolas asociativas que implantan la inmersión en euskara.
Si los servicios territoriales del Estado, enfrentados al principio de realidad, han buscado fórmulas para gestionar la demande de bilingüismo escolar del territorio, los viejos principios republicanos siguen comandando las posiciones de los servicios ministeriales parisinos.
En los despachos de la capital, se recela de la inmersión lingüística, y se aboga por defender el principio jacobino de una escuela republicana exclusivamente francófona. Esa hostilidad hacia la inmersión lingüística se plasmó en 2002, cuando varios sindicatos parisinos de educación se opusieron a la integración de las escuelas bretonas de la red Diwandentro de la escuela pública por aplicar la inmersión lingüística en bretón. El Consejo de Estado, en su sentencia del 29 de noviembre de 2002, efectuando una interpretación restrictiva del artículo L121-3 del código de educación que afirma que: “la lengua de la enseñanza (…) es el francés, salvo excepciones justificadas por las necesidades del aprendizaje de las lenguas o culturas regionales”, declaró ilegal la integración de las escuelas Diwan en la educación pública argumentando que la inmersión lingüística sobrepasaba las necesidades del aprendizaje del bretón y excedía las derogaciones legislativas al principio de enseñanza en francés.
A falta de reforma legal que autorizaría explícitamente la utilización de la inmersión en lenguas territoriales de Francia dentro de la escuela pública, su integración quedaba vetada legalmente, si bien es verdad que los jueces no se oponen a la posibilidad por escuelas asociativas como las ikastolas o los centros Diwan de aplicar la inmersión lingüística, ni tampoco se oponen a que el Estado financie dichos centros, dentro des las limitaciones legales que se aplican a la financiación pública de los centros educativos privados.
La fórmula de la experimentación normativa permite conciliar la exigencia de primar el francés dentro de la escuela pública y la demanda del territorio de aplicar la inmersión lingüística en euskara dentro de las escuelas públicas vascas
Enfrentados a estas limitaciones legales y a la demanda de aplicar la inmersión lingüística en las escuelas públicas del territorio, les servicios territoriales del Ministerio de la Educación Nacional optaron por la fórmula de la experimentación normativa que permite contravenir de modo transitorio a unas disposiciones legislativas. En concreto, el artículo L314-2 del código de educación dotaba de base legal a las experimentaciones pedagógicas del territorio y permitía conciliar la exigencia de primar el francés dentro de la escuela pública y la demanda del territorio de aplicar la inmersión lingüística en euskara dentro de las escuelas públicas vascas.
Pero las reticencias jacobinas a la inmersión lingüística no han desparecido, y la nominación de Jean-Michel Blanquer como Ministro de Educación Nacional ha abierto un nuevo frente en la disputa en torno a la inmersión. Alto funcionario del ministerio, Blanquer es un defensor de la visión tradicional de la escuela republicana. Defensor de la unidad republicana, ha tenido la ocasión de expresar sus reticencias jurídicas, políticas y pedagógicas para con un modelo de inmersión lingüística que excluye el carácter vehicular del francés en la enseñanza.
La nominación de Blanquer como Ministro de Educación Nacional ha coincidido con un cambio de actitud de los servicios del ministerio hacia la experimentación de la inmersión lingüística en la escuela pública. Tras una primera suspensión de tres proyectos en Ainhoa, Irisarri y Angelu en 2019 que desembocó finalmente en su autorización, en el inicio del curso escolar de 2020-2021 es el proyecto de Hiriburu que ha sido rechazado.
Según el Ministerio de Educación nacional francés, si aplicar la inmersión en la escuela pública es ilegal, aplicar la experimentación normativa que permite contravenir temporalmente al marco legal, tampoco es posible
En un primer tiempo, el rechazo se formula firmemente, afirmando por parte del director regional del ministerio que “es normal que un ‘no’ a su demanda sea acogido con desagrado”. El respeto de los requisitos previstos en el protocolo de 2011 no han sido suficientes, y el ministerio alega problemas jurídicos para experimentar la inmersión. Si aplicar la inmersión en la escuela pública es ilegal, aplicar la experimentación normativa que precisamente permite contravenir temporalmente al marco legal, tampoco es posible según el ministerio. La puerta parece, pues, estar definitivamente cerrada a la inmersión lingüística en la escuela pública.
Este cambio de postura ha acarreado un enfado territorial muy grande. Varias mociones rechazando la actitud del Estado han sido adoptadas en las diferentes instituciones locales. Las asociaciones de defensa de la lengua vasca han organizado movilizaciones y manifestaciones. En paralelo, los cargos electos, además de protestar enérgicamente contra la decisión, han presionado al Estado en varias reuniones para que reconsidere su postura. El Presidente de la Oficina Pública de la Lengua Vasca auguró reuniones tensas si el Estado no cambiaba de posición. Tras un rechazo unánime, amenazas de recursos judiciales y protestas vigorosas, la balanza entre los principios jacobinos de la escuela republicana y la necesidad de gestionar la tranquilidad social del territorio ha vuelto a decantarse por el segundo imperativo. En efecto, el representante del Estado, el prefecto del departamento, ha anunciado un cambio de postura, y finalmente, el Ministerio de la Educación Nacional ha autorizado la experimentación de Hiriburu al mismo tiempo que se ha comprometido en no bloquear proyectos futuros.
El conflicto de la escuela pública Basté-Quiéta de Hiriburu sintetiza la dialéctica en la cual se encuentra el Estado entorno a la inmersión lingüística. Si los principios jurídicos refuerzan la ideología unitaria francesa, protegiendo la exclusividad del francés en la escuela, los imperativos políticos y territoriales han obligado al Estado a gestionar una demanda progresiva de bilingüismo y de inmersión. En un primer tiempo, las estructuras asociativas que aplican la inmersión lingüística han sido reconocidas y financiadas. En la escuela pública, los diques de contención que pretendían cerrar la vía a la aplicación de la inmersión están cediendo, aunque sea con dificultad. Las experimentaciones de la inmersión en euskara han obtenido una victoria temporal, y queda por ver si dichas iniciativas acarrearán una generalización de la inmersión en las escuelas públicas vascas o tendrán que desaparecer en beneficio de la enseñanza en francés.
Para más elementos sobre la regulación del bilingüismo en la escuela francesa y la gestión de las autoridades de la inmersión lingüísticas, ver el artículo publicado en el número 73 de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law.
Eneritz Zabaleta
Université de Pau et des Pays de l’Adour
[1] Dicha oficina es un ente administrativo creado en 2004 que agrupa todas las instituciones del territorio (Estado, Región, Departamento, Mancomunidad vasca) y que tiene como misión diseñar y desarrollar la política pública en favor de la transmisión y del uso del euskara en el País Vasco norte.
Según el Ministerio de Educación nacional francés, si aplicar la inmersión en la escuela pública es ilegal, aplicar la experimentación normativa que permite contravenir temporalmente al marco legal, tampoco es posible.
[…] Pero las novedades más relevantes de la ley Molac se sitúan en el ámbito de la inmersión lingüística. Dicha modalidad de enseñanza de las lenguas ha proporcionado una importante polémica jurídica y política en el Estado francés, en relación con el desarrollo de escuelas asociativas que proponen esta modalidad, o sobre la cuestión de su integración en la escuela pública. […]