El portal compendium.cat: recursos de llenguatge jurídic català – Cristina Gelpí

El 13 de desembre de 2021 el Consell de l’Advocacia Catalana va signar el conveni de col·laboració per impulsar el portal compendium.cat amb 17 institucions catalanes i andorranes de l’àmbit jurídic, lingüístic i acadèmic. Amb aquest conveni, les 18 institucions signants es comprometen a impulsar la normalització de l’ús del català en totes les professions jurídiques i en l’Administració de justícia de Catalunya.

La notícia que 18 institucions es posin d’acord per impulsar l’ús del català és significativa per ella mateixa, però que ho facin en l’àmbit jurídic, que necessita amb urgència la normalització, encara ho és més. Sens dubte, és especialment rellevant que aquestes institucions vegin en un portal de recursos de llenguatge jurídic català una eina útil i necessària perquè els operadors jurídics –i els professionals de la llengua, el personal de les administracions públiques i privades– tinguin a l’abast un recurs de qualitat que els ha de facilitar la redacció de documents jurídics en català.Llegeix més »

La implantació del llenguatge jurídic català a l’àmbit privat: una tasca pendent – Anna Arnall Duch

El llenguatge jurídic català (LJC) va ser objecte d’especial atenció en el procés de normalització lingüística de la llengua catalana que la Generalitat de Catalunya va endegar els anys vuitanta. L’article 1 del primerenc Decret 90/1980, de 27 de juny, va establir que els òrgans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya havien d’emprar el català com a “vehicle normal d’expressió en llurs documents, actes públics i en els de l’administració ordinària”. La transcendència d’aquest nou ús encomanat al català, juntament amb l’estat precari en què es trobava el LJC, van comportar que les actuacions de normalització lingüística en l’àmbit jurídic no només anessin encaminades a generalitzar el coneixement i l’ús del LJC, sinó també a codificar-lo.Llegeix més »

La claridad en el ámbito de la Administración de Justicia: estado de la cuestión – Estrella Montolío Durán

El 11 de marzo de este año se firmó en la sede de la Real Academia Española (RAE) el Protocolo general de colaboración para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible para la ciudadanía.

Esa firma constituye otro hito en un proceso de modernización de la lengua de la Administración que, en el ámbito español e hispanohablante, ha sido a épocas vacilante, pero cuya necesidad, no obstante, parece ir infiltrándose con tozudez tanto –como se ve– en el espíritu de las instituciones jurídicas, como en las reivindicaciones ciudadanas y en la agenda de las Políticas Públicas. Intentaré presentar a continuación los pasos más importantes de ese proceso, que sigue el ejemplo de procesos similares desarrollados hace ya décadas en otros países de nuestro entorno.

Empecemos por la reciente firma de este Protocolo por parte de los máximos representantes de las instituciones responsables de la Administración de Justicia: el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,  el ministro de Justicia, la fiscal general del Estado; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, el presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España y el vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española. Junto a ellos, el director de la RAE, la institución anfitriona. Sin duda, una muy nutrida y selecta representación de autoridades jurídicas. De manera un tanto sorprendente considerando el tema central del Protocolo (a saber: la comunicación de la Justicia a los administrados), no comparecía ni un solo lingüista (como se sabe, el actual director de la RAE es catedrático de Derecho Administrativo).Llegeix més »

El discurso del ámbito de la Administración: una perspectiva lingüística – Iria da Cunha

Son diversos los autores que han trabajado en el estudio de los textos administrativos en español, desde variadas perspectivas. Sin embargo, la mayor parte de ellos se centra en el contexto comunicativo en que el emisor de los textos es la Administración pública y deja en un segundo plano los casos en que son los ciudadanos quienes deben redactar documentos para comunicarse con la Administración. La ciudadanía queda, así, normalmente relegada al rol de mera receptora de los documentos administrativos, aunque esta debe redactar documentos dirigidos a la Administración en multitud de situaciones a lo largo de su vida. Asimismo, en España, la comunicación electrónica en el ámbito de la Administración es el procedimiento habitual en la actualidad, en el marco de la e-Administración (o administración electrónica). No obstante, hasta ahora son pocos los esfuerzos que se han hecho desde el ámbito académico o desde la propia Administración para desarrollar recursos tecnológicos que tengan como objetivo mejorar la comunicación electrónica entre la ciudadanía y los empleados públicos.Llegeix més »

Los demostrativos como deícticos en los contratos: pugna de estrategias en traducción – Leticia Moreno-Pérez

El lenguaje jurídico, observado desde la perspectiva de un usuario no jurista, se suele percibir como una lengua arcaica y rimbombante cuyo uso y comprensión se limita a un círculo limitado; esta percepción no solo se detecta, sino que además se acepta como algo natural y casi necesario. Al final, el usuario no experto va a recibir un resumen de lo que le afecta interpretado y explicado en lenguaje llano por un jurista, generando una dinámica que la sociedad ha aceptado como suficiente. Pero ¿qué ocurre cuando esa interpretación y explicación tienen que pasar previamente por la interpretación de un intermediario, un traductor, al estar el texto original en otra lengua? ¿Qué efectos tiene sobre el documento que recibe el jurista el hecho de que el traductor tenga que filtrar para sí el lenguaje jurídico de dicho texto para poder trasvasarlo a su registro original en otra lengua? Si el traductor no es jurista también, ¿cómo gestiona las características propias del complejo lenguaje jurídico, especialmente al verse implicados dos sistemas lingüísticos y legales diferentes?Llegeix més »