Los avances en políticas lingüísticas en Latinoamérica han motivado investigaciones que profundizan en las interacciones entre los pueblos indígenas, las políticas de interculturalidad estatales y las personas e instituciones encargadas de ejecutarlas. En el caso del Perú, país que cuenta con aproximadamente 47 lenguas indígenas, la constitución peruana establece que “todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad” (Constitución Política del Perú, art. 2, 1993), por lo tanto, el Estado se encuentra en la obligación de asegurar el pacto Estado-Comunidad, estableciendo políticas lingüísticas que permitan mantener dicho compromiso.
Si bien las políticas favorables al multilingüismo en Perú empezaron a desarrollarse a partir de los años 70, estas aún se encuentran en constante desarrollo y mejoramiento. Las políticas lingüísticas referentes a lenguas indígenas en el territorio peruano, junto con otros avances en derechos de pueblos indígenas, se contextualizan en el proceso posconflicto entre el gobierno peruano y grupos subversivos en el que las comunidades indígenas del centro y sur del Perú fueron las más afectadas. El monolingüismo estatal es un problema que, por muchos años, el Estado peruano ha tratado de enmendar mediante la aplicación de distintas medidas, entre las que se encuentra la creación del Registro Especial Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias del Poder Judicial (RENIT) en el año 2012, el cual puso a disposición de la ciudadanía hablante de lenguas indígenas un servicio de intérpretes acreditados por el Ministerio de Cultura, con la finalidad de facilitar la comunicación intercultural entre las comunidades indígenas y las diversas entidades del Estado peruano.Llegeix més »
“Si [el dret] ha de dirigir les persones, han de poder esbrinar què és”
El 13 de desembre de 2021 el Consell de l’Advocacia Catalana va signar el conveni de col·laboració per impulsar el portal compendium.cat amb 17 institucions catalanes i andorranes de l’àmbit jurídic, lingüístic i acadèmic. Amb aquest conveni, les 18 institucions signants es comprometen a impulsar la normalització de l’ús del català en totes les professions jurídiques i en l’Administració de justícia de Catalunya.
El 11 de marzo de este año se firmó en la sede de la Real Academia Española (RAE) el Protocolo general de colaboración para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible para la ciudadanía.
Son diversos los autores que han trabajado en el estudio de los textos administrativos en español, desde variadas perspectivas. Sin embargo, la mayor parte de ellos se centra en el contexto comunicativo en que el emisor de los textos es la Administración pública y deja en un segundo plano los casos en que son los ciudadanos quienes deben redactar documentos para comunicarse con la Administración. La ciudadanía queda, así, normalmente relegada al rol de mera receptora de los documentos administrativos, aunque esta debe redactar documentos dirigidos a la Administración en multitud de situaciones a lo largo de su vida. Asimismo, en España, la comunicación electrónica en el ámbito de la Administración es el procedimiento habitual en la actualidad, en el marco de la e-Administración (o administración electrónica). No obstante, hasta ahora son pocos los esfuerzos que se han hecho desde el ámbito académico o desde la propia Administración para desarrollar recursos tecnológicos que tengan como objetivo mejorar la comunicación electrónica entre la ciudadanía y los empleados públicos.