El aragonés: de dónde venimos
Actualmente la lengua aragonesa se conserva, mermada y empobrecida, en el norte de Aragón. Sus fronteras lingüísticas por el sur y el oeste están muy difuminadas a causa de la castellanización; por el este, la transición gradual del aragonés al catalán se hace a través del ribagorzano, mientras que por el norte la frontera administrativa conforma también los límites con el occitano.

Con unos 25.000 hablantes potenciales, el aragonés está considerado por el Atlas Interactivo UNESCO de las Lenguas en Peligro en el Mundo como una lengua en peligro de desaparición, dado el proceso de pérdida de transmisión de la lengua de padres a hijos.

No obstante, en las últimas décadas se aprecia un progreso evidente, tanto en lo que respecta al estudio y conocimiento del aragonés, como en lo relativo a su cultivo literario, enseñanza, difusión y consideración social, destacando la labor realizada desde el mundo asociativo e institucional.

Desde el punto de vista jurídico, el aragonés está reconocido como lengua propia por diferentes instrumentos legales, como el Estatuto de Autonomía o la vigente Ley de Lenguas de Aragón de 2013. Sin embargo, no goza de un régimen de cooficialidad y, lo que es peor, el aragonés había sido prácticamente ignorado por los sucesivos gobiernos autonómicos en los últimos 40 años hasta que, en 2015 se crea una Dirección General de Política Lingüística dependiente del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

A esta Dirección General le corresponde la planificación y ejecución de los programas necesarios para garantizar y normalizar socialmente el uso de las lenguas propias de Aragón, en su caso, así como su dignificación, recuperación, protección, promoción y difusión, entre otros, en los ámbitos educativo, de los medios de comunicación y de la vida social, cultural e institucional de Aragón.

Nuevos retos
Para poder acometer esta labor, la Dirección General se encontró con un gran escollo, que era la inexistencia de una ortografía y una gramática oficial. Para poder avanzar en el desarrollo de las tecnologías de la lengua o para asentar la incipiente presencia del aragonés en la escuela era preciso disponer de una norma universalmente aceptada.

La dejación de funciones por parte de los anteriores gobiernos había contribuido a desatar una lucha por liderar el movimiento asociativo, en la que la grafía se llegó a convertir en el identificador grupal de las distintas entidades que pugnaban por hacerse con ese liderazgo. Tanto es así que, Eito & Marcuello (2020) llegan a afirmar sobre la divergencia gráfica que “da la impresión que sólo es una excusa”. Desafortunadamente, el desencuentro degeneró en posturas intransigentes y cerradas que dieron al traste con el consenso alcanzado en los años ochenta. Tras suscribirse en 1987 un acuerdo gráfico entre todas las asociaciones, posteriores divisiones internas derivaron hace unos años en la aparición de varias grafías más, convirtiendo el aragonés escrito en una especie de “reino de taifas”.

Así las cosas, la Dirección General de Política Lingüística inició un proceso de consenso para establecer una grafía común para la lengua aragonesa que superase la situación de coexistencia de diversas propuestas. Para poder alcanzar este “consenso gráfico”, en febrero de 2016, la Dirección General envió una carta a las asociaciones Consello d’a Fabla Aragonesa, Sociedat de Lingüística Aragonesa y Estudio de Filología Aragonesa en las que les proponía la participación voluntaria en un proceso de arbitraje que se sustanciaría a través de un informe vinculante emitido por tres expertos lingüistas elegidos por las propias asociaciones. Estas tres asociaciones son, precisamente, las que defendían otras tantas grafías. Mientras el Consello d’a Fabla Aragonesa abogaba por mantener los acuerdos gráficos de 1987, desde el entorno de la Sociedat de Lingüística Aragonesa se propusieron otros dos modelos gráficos más. Por su parte el Estudio de Filología Aragonesa había presentado en 2010 una “Propuesta ortográfica” diferente de todas las existentes hasta ese momento. A ello hay que sumar otras propuestas minoritarias menos articuladas.

Con algunas vacilaciones iniciales, las tres asociaciones aceptaron el arbitraje por lo que se inició un proceso que se prolongó durante varios meses y que comenzó con la elección de tres lingüistas de entre los propuestos por dichas asociaciones y que fueron aceptados por ellas.

Tres hombres y un destino
Con el fin de dotar al proceso de rigor administrativo, por Resolución del Director General de Política Lingüística de fecha 4 de julio de 2016, se nombró a esos tres expertos para la elaboración de un informe para resolver, aunque solo fuera parcialmente, la disparidad ortográfica.

Los elegidos por las tres asociaciones eran tres eminentes romanistas que estaban objetivamente entre los mejores del mundo, de modo que la Dirección General se congratuló por el alto nivel técnico con el que se iba a iniciar el proceso.

De una parte estaba Patrick Sauzet, lingüista occitano y profesor en la Universidad de Toulouse, por otro lado Ramón d’Andrés, que es un filólogo especializado en el estudio de la lengua asturiana y, finalmente, Michael Metzeltin, filólogo romanista y buen conocedor del aragonés.

Los lingüistas designados desarrollaron las tareas encomendadas, estudiando la documentación aportada por cada una de las tres asociaciones. A lo largo de varios meses la Dirección General de Política Lingüística favoreció el intercambio de información entre los lingüistas y las tres asociaciones, organizando incluso una reunión presencial en el Centro Aragonés de Barcelona en noviembre de 2016. Todo el proceso se desarrolló siguiendo escrupulosamente una “hoja de ruta” pactada entre las tres asociaciones.

Dicha hoja de ruta establecía literalmente que:
“El dictamen definitivo que emitan los lingüistas seleccionados será vinculante para las tres asociaciones y para la propia Dirección General, que lo reconocerá oficialmente y recomendará su uso de forma universal sin perjuicio de que la grafía oficial en sentido estricto sea la que establezca en su día la institución científica que se constituya tal como establece la legislación actualmente vigente.”

Un informe para la historia
Finalmente, los lingüistas emitieron un informe en el que constaban que cualquiera de los tres sistemas ortográficos propuestos hasta el momento era susceptible de ser solventemente razonado y defendido por igual, ya sea utilizando argumentos estrictamente lingüísticos (correspondencia con la fonología de la lengua, coherencia interna), socioculturales (aceptabilidad social, estética visual, individuación gráfica entre las lenguas del entorno) o simplemente didácticas (facilidad en su manejo).

Afirmaban, asimismo, que esta controversia gráfica era muy perjudicial para cualquier proyecto de normalización social del aragonés, una lengua cuya difícil situación y perspectivas de futuro exigen referencias comunes por parte de todos sus hablantes y cultivadores.

Concluían asegurando que, como filólogos que apreciamos la lengua aragonesa y los esfuerzos de su comunidad de hablantes para dignificarla y darle un futuro viable, nada nos satisfaría más que contribuir positivamente a esa gran empresa colectiva.

Con estas palabras hermosas y sensatas se resumía el espíritu de un informe que dio lugar a la Resolución de 16 de mayo de 2017 del Director General de Política Lingüística por la que se daba publicidad a algunos aspectos básicos de la representación gráfica de la lengua aragonesa, y que fue publicada en el Boletín Oficial de Aragón, el día 28 de junio de 2017.

El futuro de la nueva grafía
Esta nueva grafía, nacida de un compromiso voluntariamente aceptado, será utilizada institucionalmente, mientras no se disponga lo contrario, en una norma de rango superior que recoja, en su caso, la que determine la institución científica que se pudiera constituir en el futuro, con el fin de establecer las normas referidas al uso correcto de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, tal y como dispone en la actualidad el artículo 7 de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.

Esta Resolución, tal como venía pactado de antemano, es vinculante para el Gobierno de Aragón, y también lo era para las tres asociaciones (Consello d’a Fabla Aragonesa, Sociedat de Lingüística Aragonesa y Estudio de Filología Aragonesa) que según el compromiso que adquirieron “utilizarán, cuando escriban en aragonés, la grafía resultante que describa el dictamen y promoverán su uso en todo caso, renunciando a grafías o propuestas diferentes.”

Por su parte, la Dirección General de Política Lingüística cumplió su compromiso desde el primer momento, adoptando la nueva grafía para sus comunicaciones y publicaciones institucionales en aragonés. Tres años después se constata que esta grafía de consenso es utilizada en la mayoría de las publicaciones y numerosísimas instituciones, entidades y también muchos particulares que han anunciado públicamente su adhesión a la misma. El 24 de septiembre de 2017, 11 asociaciones firman el Manifiesto de l’Almozara en el que apoyan la iniciativa de la Dirección General, afirmando que  “es necesario que dejemos de un lado las discusiones entre asociaciones y empleemos todos la misma grafía”.

Más recientemente, y con motivo de la celebración del Día Europeo de las Lenguas de 2020, se firmó un documento de compromiso de trabajo conjunto entre la Dirección General de Política Lingüística y 53 asociaciones que trabajan por la dignificación y difusión de las lenguas propias de Aragón.

De todas las asociaciones existentes en Aragón relacionadas con la lengua aragonesa sólo 4 de ellas declinaron adherirse a este compromiso al no contestar a la invitación de participar. Paradójicamente, entre esas cuatro estaban las tres asociaciones que participaron en el arbitraje de los tres expertos. De hecho, ninguna de ellas ha cumplido hasta la fecha el acuerdo que suscribieron en 2017, lo cual supone un obstáculo a la hora de plantear cualquier escenario de colaboración o trabajo en común, que tan necesario es para la supervivencia del aragonés.

Afortunadamente, la inmensa mayoría ha apostado por la vía del consenso y del trabajo en común, lo cual se ha materializado en decenas de convenios y acuerdos suscritos con sindicatos, empresas, Universidad y también entidades locales como las comarcas o los ayuntamientos que ya emplean esta grafía de uso oficial.

Epílogo: la Academia Aragonesa de la Lengua
Mediante Decreto 56/2018, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, se aprobaron los Estatutos de la Academia Aragonesa de la Lengua, en la que están comprendidos el Instituto de l’aragonés y el Institut aragonès del català.
La Academia Aragonesa de la Lengua, dice la Ley, estará compuesta por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la filología, literatura y lingüística, preferentemente doctores, y con preferencia de nativos hablantes, que cuenten con una larga trayectoria en la práctica y el fomento de los valores lingüísticos y literarios propios de la comunidad aragonesa, y en la que estén representadas las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.

Tras las propuestas de nombramiento de los académicos por parte de la Universidad de Zaragoza y las Cortes de Aragón, es de esperar que próximamente se constituya formalmente esta institución académica de la que se espera una decisiva contribución a la tarea de normalización definitiva de la cuestión gráfica, de acuerdo con sus competencias legales. Para ello podrá apoyarse –si así lo estima oportuno– en los consensos previos alcanzados.

Será, precisamente, este espíritu de consenso el que permitirá zanjar de una vez por todas una batalla estéril que no ha hecho sino retrasar el proceso de recuperación del aragonés.

Esperemos que así sea.

 

Francho Beltrán Audera
Jefe del Servicio de Política Lingüística del Gobierno de Aragón